El lobby termoeléctrico

El Clarín
Escrito Por Arnaldo Pérez Guerra
viernes, 20 de noviembre de 2009

Los Choros y Punta de Choros, Región de Coquimbo-. “Deja de meterte con Barrancones o tu vida corre peligro; no es una amenaza, es una promesa. Corta el hueveo o tus días están contados”.

Esta fue una de las amenazas enviadas como mensaje de texto a los celulares de los líderes del Movimiento de Defensa del Medio Ambiente (Modema) -Rosa Rojas, Gabriel Molina y Jan Van Dijk; a Carlos Vergara, presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Hornos; a Clara Pérez, presidenta del movimiento Línea Verde y a Óscar Avilés, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores de Punta de Choros y concejal demócratacristiano. Ellos luchan contra la instalación, en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, de centrales termoeléctricas de la trasnacional franco-belga Suez Energy y de la Compañía Minera del Pacífico (CMP).

Marcelo Díaz, diputado socialista, se reunió con el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, para entregar antecedentes sobre las amenazas, que ya están siendo investigadas por la Policía de Investigaciones (PDI). Los proyectos Barrancones (Suez Energy) y Cruz Grande (CMP), están en la etapa de evaluación de impacto ambiental por la Comisión Regional de Medio Ambiente (Corema), que deberá decidir entre el lobby termoeléctrico o la preservación de importantes reservas naturales.

“Nos han enviado varios mensajes de texto con amenazas de muerte. Ya se habría comprobado de dónde vienen, aunque aún no han detenido a nadie. Los mensajes, del tenor de ‘los andamos siguiendo’, y ‘muerte a todos los que están en contra de las termoeléctricas’, se repitieron por varios días, inclusive después de la denuncia en el Ministerio Público”, dice Jan Van Dijk.

Según los dirigentes del Modema, Suez Energy está “negociado” con algunos pescadores, “ofreciéndole dinero y proyectos, individualmente y por grupos, generando una división social que hemos venido denunciando”, dice Rosa Rojas, presidenta del Modema. “Están manipulando a la gente. Lo que ha hecho Suez es una acción disociadora de la comunidad de La Higuera, que puede crear muchos conflictos”, agrega.

“No nos van a amedrentar, por eso, presentamos la denuncia en la Fiscalía de La Serena. Estos hechos son muy graves y ponen en riesgo no sólo nuestra integridad, sino también hacen que todo nuestro movimiento corra potencial peligro. No sabemos de lo que esa gente pueda ser capaz”, dice Rosa Rojas. “Interpusimos una querella porque están en peligro nuestras vidas. Hacemos responsable a Suez Energy de cualquier cosa que nos pase”, agrega. Clara Pérez, señala: “Creo que lo que pretenden es asustarnos, que dejemos de lado nuestra lucha, pero no lo van a lograr”.

Quiénes ganan, quiénes pierden

El lobby termoeléctrico posee poder y una amplia red de influencias. Desde estudios jurídicos, como el de Bofill Mir & Álvarez, Hinzpeter, Jana -uno de cuyos socios, Rodrigo Hinzpeter, es coordinador del comando presidencial de Sebastián Piñera-, hasta personeros de la Concertación como Enrique Correa -presidente de la consultora Imaginacción-; el ex ministro de Energía, Economía y Minería de Ricardo Lagos, Jorge Rodríguez Grossi -quien antes de ser ministro fue gerente de la termoeléctrica Guacolda-; la directora de Conaf, Catalina Bau -ex esposa de Enrique Correa-; y los hermanos Ernesto y Eugenio Tironi, lobbystas profesionales que manejan la publicación de noticias en la mayoría de los medios. A la lista se agrega el actual ministro de Interior, Edmundo Pérez Yoma (DC), que ha hecho público lobby por AES Gener. También entran al juego Paul Fontaine y Rodrigo Danús -del comando presidencial de Marco Enríquez-Ominami-, dueños de la Consultora South World Business, implicada en la instalación de termoeléctricas en varias regiones del país, y dueños, además, de yacimientos carboníferos -en Curanilahue y Puerto Natales-, y de una empresa comercializadora de carbón. Otros interesados son los holdings Angelini y Von Appen, con su sociedad Copec-Ultramar, que controla un proyecto en Isla Riesco, Punta Arenas, que suministrará gran parte del carbón que consumirá el mercado eléctrico nacional en 2013.

Actualmente hay quince termoeléctricas en espera de ser aprobadas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En Isla Riesco, para la explotación a tajo abierto del carbón, deberán talarse unas 4.000 hectáreas de bosque nativo. De esta forma, la sociedad de Angelini y Von Appen pretende abastecer un 25 por ciento de los diez millones de toneladas de carbón que se calcula consumirá en breve plazo el mercado eléctrico nacional. Y es posible que hasta exporten carbón. Hace pocos años, la mayoría de las minas fueron cerradas por inviables, pero han sido adquiridas por grandes empresarios y especuladores. Diez millones de toneladas de carbón, representan más del doble de lo que hoy requiere el mercado interno. Será un buen negocio que, de paso, aumentará unas cuatro veces la emisión de CO2. Aunque en la Región de Coquimbo se han emplazado parques eólicos para producir energía sustentable, las corporaciones y mineras necesitan cada vez más energía.

Más termoeléctricas no cuadra con la supuesta política energética gubernamental, que pretende bajar emisiones de CO2 y contener el calentamiento global, pues significarán aumentar las emisiones de CO2, como lo reconoce el gobierno. Las termoeléctricas proyectadas para la Región de Coquimbo se emplazarán en el borde costero, a menos de diez kilómetros una de otra.

“Los ministros Pérez Yoma y Marcelo Tokman han presionado a la Corema para que apruebe las termoeléctricas. Se supone que los proyectos deben decidirse acá, en la Corema, no en el escritorio del ministro del Interior o de Energía. Deberían ser rechazadas porque implicarán el uso indefinido del borde costero y estarán a veinte kilómetros de una reserva nacional, de la reserva marina y en las cercanías de áreas de manejo y poblaciones. Al elegir a Chungungo, Cruz Grande y Los Choros cometieron un gran error. Pero aún más grande es la institucionalidad ambiental que lo admite”, dice Jan Van Dijk. “A fines de marzo, el mismo día que Modema marchaba por La Serena, Suez Energy ofrecía a los pescadores de Caleta Hornos una reunión para ver ‘compensaciones’. Así funciona Suez. Tienen tanta plata e influencias que pueden hacer lo que quieran. Es insólito”, agrega.

Codelco, antes de retirar su proyecto termoeléctrico Farellones, se había comprometido a indemnizar y compensar a buzos y pescadores de caleta Totoralillo Norte. “Codelco intentó granjearse el apoyo de los pescadores, ofreciendo entre 7 y 8 millones por socio del sindicato, quienes debían renunciar a su área de manejo. Algunos pensaban que podrían vivir con ese dinero cuando ya no hubiera pesca”, dice Van Dijk. En total, Codelco estaba dispuesta a desembolsar 3.000 millones de pesos, más un seguro ambiental -por 30 años-, lo que se suponía durarían las operaciones. Pero Farellones no pasó la evaluación del comité técnico y de los organismos asesores de Corema. Se presentaron más de 240 observaciones por la nula información sobre los impactos que su construcción provocaría en la zona. Codelco debió retirarse. Esos pescadores, que no vieron concretarse el “acuerdo” con la minera estatal, han sido cooptados por Suez Energy junto a los de Caleta Hornos, a quienes la franco-belga les pagó la patente, un cobro anual del fisco por el área de manejo, y el estudio de seguimiento. En total: cuatro millones de pesos, relatan los pescadores que se oponen a los proyectos termoeléctricos.

Para los pescadores de Los Choros y Punta de Choros, Suez Energy y sus ejecutivos -Pascal Brancart y Pablo Villarino-, no se han hecho cargo de las externalidades del proyecto ni se han responsabilizado por los daños al medioambiente o la salud que acarreará la termoeléctrica a carbón. Barrancones se ubicará a cinco kilómetros al norte de caleta Chungungo (Producirá 600 MW a carbón, que será descargado en un puerto que construirá Suez Energy), donde buzos y pescadores poseen áreas de manejo. Las reservas marinas de Isla Choros e Isla Damas y la reserva nacional del pingüino de Humboldt están a poco más de veinte kilómetros. En marzo de 2008 las autoridades declararon el proyecto “admisible”.

Crianceros, agricultores, pescadores, buzos y operadores turísticos piensan que la reserva marina de Isla Choros e Isla Damas, que abarca las inmediaciones en torno a las islas, y la reserva nacional del pingüino de Humboldt, que comprende la parte terrestre de éstas, incluida Isla de Chañaral, son un diamante en bruto, que podría sustentar el desarrollo de toda la región mediante el turismo, sin necesidad de termoeléctricas.

La Universidad Católica del Norte advirtió en un estudio que las áreas protegidas y reservas de la comuna serán afectadas por la instalación y operación de las termoeléctricas. “El Intendente expresó su intención de convertir la comuna y la región en una ‘plataforma de generación de energía’, por medio de termoeléctricas. Es un sueño con pies de barro. El impacto ambiental será gravísimo, sobre todo el proyecto de Suez que deja a Los Choros prácticamente en la zona de máximo impacto por emisiones, lo que se agravará por las condiciones meteorológicas. Un impacto irreversible. Hasta ahora, han fracasado en vender su negocio como ‘limpio’, pero el lobby sigue…”, dice Jan Van Dijk.

Vivir en Los Choros

Las caletas de Chungungo, Hornos y Punta de Choros y el poblado de Los Choros, están en el radio de polución atmosférica de las termoeléctricas: toneladas diarias de gases y cenizas con peligrosas concentraciones de berilio, plomo, boro, níquel, germanio, arsénico y vanadio, entre otros. Cruz Grande y Barrancones están en la última etapa de la calificación ambiental. La CMP solicitó una ampliación del plazo para responder las observaciones, mientras Barrancones, de Suez Energy, está a punto de ser aprobada. En septiembre se reunió la Comisión Regional de Uso del Borde Costero para pronunciarse respecto del proyecto. “Ese pronunciamiento no es vinculante para la Subsecretaría de Marina. Casi nada es vinculante en este circo que se llama Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ni siquiera la participación ciudadana. Es un gran enigma cómo se acogió a trámite este proyecto. La participación ciudadana es un show, un proceso ajeno al interés de la comunidad. Tienen la paciencia de escucharnos y los funcionarios anotan todo, pero a la larga no sirve. Con esta política neoliberal en que cada vez más se favorece a las grandes empresas y al poblador se le prometen mitigaciones y compensaciones, Chile va al matadero. No hay como entender tanta estupidez”, dice Van Dijk.

El viento sur trasladará gran cantidad de emisiones al poblado de Los Choros. Quedará muy cerca del acopio de cenizas. “Habrá fugas de polvo de carbón y cenizas, más el impacto en las áreas de manejo por la captación de millones de litros de agua marina por hora. Devuelta al mar con una mayor temperatura, perjudicará ecosistemas marinos, con menor producción de locos y lapas, menos pesca, menos turismo. Nadie quiere otro Huasco, otra Tocopilla, otra Ventanas”, agrega.

En Los Choros hay poco más de ochenta huertos, algunos de tres o cuatro hectáreas, y otros de un cuarto o media hectárea. La mitad no posee pozos y dependen del agua de riego. En la quebrada hay dos pozos profundos desde donde se bombea el agua a dos represas que dan agua por turnos. Se entregan horas de riego según el tamaño del huerto. “Hay que pagar por el agua, que es bastante cara, pero el sistema funciona bien… Lo curioso es que los pozos se construyeron en terrenos particulares. El último, que se hizo hace una década atrás, fue un proyecto del Programa Prodecoop”, dice Van Dijk.

Según la Asociación de Regantes de Los Choros, tras la muerte un vecino de apellido Barrera -dueño del terreno-, sus herederos se “adueñaron del pozo” que se construyó con dinero fiscal para “beneficio del todo el valle”. El Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) aprobó entregar más de un millón de pesos a los regantes para comprar una bomba de agua, pero no pueden instalarla porque no tienen el “permiso” de la familia Barrera, que “no da el paso de servidumbre”. Solo un pozo funciona, lo que no es suficiente pues en verano necesitan regar cada 7 ó 10 días. “No se alcanza, no hay suficiente agua. Informamos a las autoridades. Se lo explicamos al gobernador, y nada. La familia que se adueñó del pozo es beneficiaria de Indap. Exigimos que no se les entreguen más beneficios estatales y ya iniciamos pasos judiciales para recuperar el pozo”, dicen. También están preocupados: por la contaminación de las termoeléctricas sus productos no podrán ser exportados. “Son años de esfuerzo a la basura si instalan termoeléctricas. Creen que en el futuro podrán inscribir los derechos de aprovechamiento del agua del pozo y venderla a las empresas. Las termoeléctricas están destruyendo nuestra convivencia”, dicen. En sus huertos cultivan aceitunas, cítricos y hortalizas.

Los buzos y pescadores de Los Choros poseen un área de manejo en el sector El Apolillado, en el límite con la Región de Atacama. “Este territorio no merece ser apartado de su desarrollo económico. Quieren diseñarnos un futuro con gases tóxicos, material particulado, cenizas, especies marinas muertas, lluvia ácida... Si instalan termoeléctricas habrá fugas de metano que contribuirán al cambio climático. Su potencial de calentamiento a veinte años es 56 veces mayor que el de una cantidad igual de CO2. Lo mismo sucede con las emisiones de óxidos de nitrógeno”, concluye Rosa Rojas.