CENTRAL TERMOELECTRICA CASTILLA
El proyecto Central Castilla, de la compañía MPX del brasilero Eike Batista, proyecta construir una central termoeléctrica con 6 unidades a carbón y 2 a diesel, con una generación total de más de 2.350 MW a 80 kms al sur-este de Copiapó, en un lugar llamado Punta Cachos (Bahía Salado). El proyecto además contempla un centro de acopio de carbón ( ie. Ventana V Región), un vertedero de cenizas a 10 kms de Totoral, una de las pocas comunidades agrícolas de la zona, y un puerto para la descarga del combustible. A esto hay que sumarle el sistema de transmisión de alta tensión de dos líneas con una longitud aproximada de 57,5 km. La central cuenta con un sistema de enfriamiento de turbinas con agua de mar, la cual al succionar provoca la extracción de microorganismos. Posteriormente el agua es devuelta al mar con un aumento de temperatura de hasta 10ºC y con una cantidad importante de cloro, afectando al micro plancton y quebrando el ecosistema marino.
La central está emplazada en el lugar donde se da el fenómeno de desierto florido más ejemplar del mundo, entre los Parques Nacionales de Pan de Azúcar y Llanos de Challes. En esta costa están las últimas playas vírgenes de Chile, un verdadero patrimonio nacional, y un lugar con un potencial turístico único.
En la bahía donde se proyecta el puerto, habita la comunidad de tortugas marinas más austral del mundo, y junto a ella, pingüinos, lobos marinos, y una gran diversidad de flora y fauna. Adicionalmente, Bahía Salado es la única gran bahía virgen de aguas tranquilas que queda como reserva en nuestra costa del norte.
Punta Cachos es parte de la Hacienda Castilla, de propiedad del señor Batista. Inicialmente la zona donde se proyecta construir la Central era Zona de Protección Ecológica, pero “entre gallos y media noche”, como se dijo, hubo un concejo municipal “extraordinario” (por el lugar y la hora en que se realizó) que permitió a las autoridades de la época cambiar el uso de suelo de Punta Cachos a Zona Industrial, y con esta aprobación en mano, en menos de dos días, MPX ingresa el proyecto.
MPX ha logrado dividir a muchas de las comunidades locales, tanto de pescadores como de la Comunidad Agrícola de Totoral, ya que le han puesto precio a su apoyo y muchos han accedido. Esta situación ha creado una fisura innecesaria entre ellos. El 72% de la gente de Totoral no está dispuesta a negociar con la empresa, en consecuencia que los pescadores de la Caleta Pajonal ya lo han hecho. Pescadores de otras bahías que se oponen al proyecto dan testimonio que de la noche a la mañana les cayó la ley a través de
regulaciones y fiscalizaciones que antes no existían. Se sienten temerosos ya que piensan que están solos en esta causa.
El Sr. Batista no conoce sus playas, no sabe lo que tiene, y probablemente lo único que le interesa es sacar provecho económico de la situación. Claramente no existe compromiso con la zona, el país y ni con la fragilidad del ecosistema del planeta.
Nos preguntamos por qué Batista no se queda en Brasil haciendo su proyecto termoeléctrico. De seguro que la ley no se lo permite. Paradójicamente allí le dieron luz verde para desarrollar la primera planta fotovoltaica en el estado de Ceará. Es decir, a Chile nos trae contaminación y en Brasil desarrolla energías limpias. Esto es grave ya que Atacama es una región que permite el desarrollo de energías sustentables tipo eólica, solar, mareomotriz y olamotriz.
Lo más serio del asunto es que por un lado el Gobierno se compromete en bajar la emisión de gases de aquí al 2020 y al mismo tiempo aprueba proyectos termoeléctricos a carbón como éste. De hecho, en menos de diez días se han aprobado por la autoridad y los tribunales tres termoeléctricas a carbón: Campiche, Los Robles, y la quinta unidad de Guacolda en la III Región. El mundo entero va en la línea de la descontaminación, y los chilenos caminamos en la dirección contraria. ¿Qué pasará con la huella de carbono con 2.100 MW extras de carbón en el sistema? (2.350 MW con los dos respaldos de las unidades diesel). ¿El calentamiento global?
En lo concreto, MPX presentó un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en diciembre de 2008, el que adolece de graves defectos y demuestra un análisis muy superficial de la descripción de la realidad existente en el sector antes de la Central (lo que se denomina “línea de base”). Además, incurre en graves omisiones de información y datos de orden técnico alterados. Por esto, el EIA ha sido objeto de más de 500 observaciones.
En enero del 2010, la Seremi de Salud de la región María Paulina Merino, calificó el proyecto como Industria Contaminante debido a las emisiones de partículas y gases particularmente, NOx. Esta calificación la hace incompatible con el uso de suelo que sólo admite industrias inofensivas y molestas. Con esta información, la Conama III Región emitió su Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que contenía la calificación contaminante.
Sin embargo, como surgen indicios de que el proyecto sería rechazado por la autoridad ambiental de la región (Corema de Atacama), el ministro de RREE de Brasil, Celso Amorim
visitó Chile, se entrevistó con el entonces ministro de RREE de Chile, Mariano Fernández, comprometiéndolo para que no se rechazara el proyecto. También se reunió con el Presidente Piñera, Ministra de Medio Ambiente, y con el Director Ejecutivo de Conama, Álvaro Sapag.
El Señor Sapag ordenó paralizar la tramitación de la calificación ambiental del proyecto y mantuvo dicha suspensión por más de 5 meses, fuera de sus atribuciones, mientras que el nuevo Seremi de Salud, Raúl Martínez, tomaba el caso y cambiaba la clasificación anterior a Industria Molesta. Dicha clasificación hace compatible el proyecto con el uso de suelo del lugar y posibilita la aprobación de la Central. El Señor Sapag presenta su renuncia al cargo el 29 de junio, y la noticia del nuevo Seremi de Salud aparece el 7 de julio. Todo operó a la perfección, con una excelente coordinación entre el gobierno saliente, el entrante y los ejecutivos de MPX.
Hoy, con nuevas autoridades regionales, MPX tiene la seguridad que la Termoeléctrica Castilla será aprobada, pese a las múltiples objeciones realizadas al proyecto contaminante. Esto nos parece escandaloso, por decir lo menos.
La actuación del Seremi de Salud al modificar la calificación de la industria fue ilegal y arbitraria, por lo cual el 26 de julio de 2010 interpusimos un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. Al día siguiente el tribunal decretó orden de no innovar (ONI), suspendiendo los efectos legales del acto del Seremi de Salud. Acto seguido, la Intendenta Ximena Matas dio orden de suspender el proceso de calificación ambiental hasta que la corte se pronuncie definitivamente al respecto. Días después la corte rechazó una solicitud formulada por el Consejo de Defensa del Estado de dejar sin efecto la ONI a nombre del Seremi de Salud y el proceso sigue paralizado en el día 178° de los 180 días de plazo máximo.
Otro tema muy delicado es que con el cambio de gobierno, en el mes de febrero de 2010, la empresa MPX contrató al Estudio de Abogados Bofill & Alvarez, Hinzpeter, Jana Abogados, bufete del que hasta esa fecha era socio el actual Ministro del Interior, para seguir adelante con las aprobaciones. ¿No es poco presentable un hecho así? ¿Estará en conocimiento de esta gestión el Colegio de Abogados de Chile? Dicho estudio también estaría detrás de las recientes aprobaciones de Gener. ¿No se estarán exponiendo a un peligroso tráfico de influencia? ¿Para qué? ¿Con estos procedimientos no estaremos exponiendo al gobierno a las mismas críticas que hacíamos a los gobiernos de la concertación?
Se dice que la Central Castilla creará una fuente de trabajo importante para la región, pero las cifras demuestran lo contrario. En la etapa de construcción se estima que habrá un
peak de contratación que alcanzará las 1.800 personas, sin embargo en pleno funcionamiento de las 6 unidades a carbón, la central generará sólo 270 puestos de trabajo. Probablemente un alto porcentaje de esta mano de obra ni siquiera será local, sino de Santiago o probablemente del extranjero.
En Chile falta planificación por parte del Estado en estas materias. No puede ser posible que un particular tenga la facultad de determinar donde se construirá una termoeléctrica por el solo hecho de ser propietario de las tierras. Menos de tener atribuciones para cambiar el uso de suelo según sus necesidades.
Después de todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel país para el BICENTENARIO, sería muy triste que el Gobierno de nuestro Presidente Piñera sea recordado como el GOBIERNO DE LA CONTAMINACION!
Se agradece la difusión de esta realidad.
COMITÉ DEFENSA ATACAMA SIN CARBÓN
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