20100924152401501
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Sube la presión
Artículo correspondiente al número 285 (24 de septiembre al 7 de octubre)
El proyecto térmico Castilla –que busca generar 2.300 MW– enfrenta una fuerte oposición mediática y legal, encabezada por la familia Dominguez y 20 organizaciones locales. Llevan más de 40 años en Bahía Salado, ubicada en la región de Atacama, y están decididos a desafiar al octavo hombre más rico del mundo: el brasilero Eike Batista. Por Alfonso Peró; Fotos, Verónica Ortiz.
26 de agosto: adiós al proyecto térmico Barrancones. Las presiones mediáticas y las cuñas de campaña sepultaron una central a carbón de 350 MW que pretendía instalarse en las cercanías de Punta de Choros. El presidente Sebastián Piñera señaló que haber echado para atrás el proyecto ya aprobado por la Corema –comisión regional del medio ambiente– fue una “situación excepcional”. Acto seguido encargó al ministerio de Bienes Nacionales un mapa que mostrara los proyectos que están cerca de áreas protegidas, territorios indígenas y/o zona de interés. Si lo están, el proyecto probablemente encontrará su tumba; si no, puede que tenga una vida útil.
Ese bosquejo ya está en manos del segundo piso de La Moneda y califica las zonas en rojo, amarillo y verde, dependiendo de la viabilidad de cada proyecto, conforme los factores mencionados.
Según fuentes gubernamentales, el terreno sobre el cual está proyectada la central Castilla está con luz amarilla. Es decir, no está vetado, pero tampoco permitido. La lucha se viene dura y la encabeza una familia que está instalada en el sector desde hace más de 40 años. Todos buceadores –igual que el presidente– y andinistas, los Domínguez están armando una estrategia comunicacional, legal y científica. Con todos estos argumentos, buscan poner en jaque al proyecto termoeléctrico más grande de Latinoamérica y que pertenece al octavo hombre más rico del mundo: el brasilero Eike Batista, dueño de la empresa MPX, a su vez dueña de la central Castilla.
La familia que desafía la puesta en marcha del proyecto térmico más grande en Latinoamérica. Gonzalo Domínguez junto a sus hijos Rodrigo, Antonio y Elisita Esta familia no está sola. Junto a ella marchan más de 20 organizaciones locales y el estudio jurídico del ex ministro Carlos Figueroa Guzmán. El objetivo: detener la puesta en marcha de la central, cuya inversión supera los 5 mil millones de dólares.
No se definen como ecologistas, sino como amantes de la naturaleza. No están por buscar “excepciones”, dicen, sino por respetar lugares vírgenes. No apoyan las tramitaciones entre gallos y medianoche, sino las que cumplen con todos los pasos legales. ¿Y en qué van esos pasos? Eso está por verse.
La familia
Llegaron al Valle Salado el año 66, después de recorrer la costa del norte varias veces. Buscaban un lugar para bucear. Una zona virgen, sin rocas y con poco oleaje. Así se instalaron en este “paraíso natural”, como ellos lo definen. Razones tienen. Y de sobra. Dicen que en Chile hay hay alrededor de 450 especies de aves, de las cuales Bahía Salado aporta 150. También mencionan varias especies marinas, como 3 o 4 ejemplares del calderón de aleta corta, una pequeña ballena que es típica del hemisferio norte; el famoso pelegrino, un tiburón gigantesco y supuestamente inofensivo, y la colonia de tortugas marinas más austral del mundo.
Quienes encabezan esta cruzada son Gonzalo Domínguez, sus cinco hijos y varios de sus 22 nietos. Todos atacan desde distintos frentes. Elisita y Paula asumieron el rol de voceras; Antonio (ingeniero comercial) y Rodrigo (arquitecto) son los que articulan la estrategia junto a los abogados, recopilan antecedentes y se encargan de dar a conocer los atributos del lugar.
Se han reunido con el embajador de Brasil, le enviaron una carta al presidente Piñera y se han preocupado de dar a conocer el proyecto a las caletas y pobladores del sector. Y si de redes sociales se trata, crearon una página web con más de 22 mil visitas y tienen twitter y facebook en los que constantemente suben fotos, videos y los últimos pormenores de lo que está ocurriendo, como la marcha de protesta que se realizó simultáneamente en La Serena y Copiapó.
Dicen estar conscientes de la necesidad energética del país, “pero el punto es que las cosas se hagan bien. Estamos destruyendo sectores de riqueza natural chilena irrecuperables. Por eso nuestro grito”, argumenta Rodrigo.
En los ojos de Domínguez
Compleja e incluso “poco transparente” ha sido la historia del proyecto, según la versión de esta familia. Cuentan que en 2008 el concejo de Copiapó cambió el plano regulador y la zona donde se pretende instalar la central pasó a tener uso industrial. Así, la termoeléctrica Castilla tuvo luz verde y a poco andar se presentó el estudio de impacto ambiental. Durante la tramitación, los Domínguez decidieron tomar contacto con MPX y le hicieron llegar varias observaciones, junto con un listado de mitigaciones ambientales que ellos consideraron claves. Por ejemplo, que el depósito de cenizas de la central estuviera más alejado y protegido de lo que aparece en el proyecto actual, para evitar que el viento lleve las cenizas a la comunidad de Totoral, un pueblo colonial del siglo XVII y cuya fuente de ingresos es la plantación de olivos. Hasta ahí, los contactos entre esta familia y Batista.
Pasó el 2009, y en enero de este año Castilla sufrió un vuelco. La seremi de Salud, Paulina Merino, calificó al proyecto como “industria contaminante”. Con esta determinación, la construcción se quedaba sin uso de suelo y, por lo tanto, si la Conama lo llevaba a votación, era altamente probable que fuese rechazada. La votación se postergó hasta julio pasado.
También por esos días, revelan los Domínguez, el lobby brasilero se habría desplegado con todo. Aterrizó en Chile el canciller de Brasil, Celso Amorim, quien no sólo se entrevistó con varias autoridades del gobierno –el ministro de RREE Mariano Fernández, la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, y el director de la Conama,AlvaroSapag–,sinotambiéncon el entonces candidato y más probable ganador de la presidencial, Sebastián Piñera. La finalidad de la visita, asegura la familia Domínguez, era comprometer a las autoridades para que no rechazaran el proyecto termoeléctrico.
Al mismo tiempo, MPX adoptó otra estrategia: cambió a sus asesores legales y contrató a Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados, oficina donde hasta hace poco ejercía –y era socio– el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Pasaron los meses y en junio de este año otra determinación de la autoridad alertó a los Domínguez: el nuevo seremi de Salud, Raúl Martínez, cambió la calificación de “industria contaminante” a “molesta”, la que –explican–, hace compatible el proyecto con el uso de suelo del lugar. Se indignaron. “La señora Merino se demoró 6 meses en determinar que era contaminante. Y luego vino el cambio del señor Martínez y no sabemos en qué antecedentes se basó para sentenciar que no era contaminante. No quiero pensar ni bien ni mal. Lo que sí se puede decir es que hubo un cambio en un tiempo muy corto y fue poco transparente. La ex seremi Merino ha dicho que encuentra arbitrario este cambio, porque no está sujeto a ningún estudio”, asegura Rodrigo.
En este escenario y dispuesto a llegar hasta las últimas, los Domínguez interpusieron un recurso de protección en la corte de Apelaciones de Copiapó el 27 de julio, dos días antes de que la Conama tuviera que votar el proyecto.
Punto a favor para los Domínguez: el recurso fue acogido y se decretó una orden de no innovar. Recientemente, después del período de alegatos, la corte decretó ilegal el cambio de calificación que efectuó el renunciado Seremi de Salud, Raúl Martínez. Es decir, vuelve a declararse contaminante. Probablemente el caso escalará a la corte Suprema. Esta batalla sube de tono y tiene para largo. Tome palco.
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Sube la presión
Artículo correspondiente al número 285 (24 de septiembre al 7 de octubre)
El proyecto térmico Castilla –que busca generar 2.300 MW– enfrenta una fuerte oposición mediática y legal, encabezada por la familia Dominguez y 20 organizaciones locales. Llevan más de 40 años en Bahía Salado, ubicada en la región de Atacama, y están decididos a desafiar al octavo hombre más rico del mundo: el brasilero Eike Batista. Por Alfonso Peró; Fotos, Verónica Ortiz.
26 de agosto: adiós al proyecto térmico Barrancones. Las presiones mediáticas y las cuñas de campaña sepultaron una central a carbón de 350 MW que pretendía instalarse en las cercanías de Punta de Choros. El presidente Sebastián Piñera señaló que haber echado para atrás el proyecto ya aprobado por la Corema –comisión regional del medio ambiente– fue una “situación excepcional”. Acto seguido encargó al ministerio de Bienes Nacionales un mapa que mostrara los proyectos que están cerca de áreas protegidas, territorios indígenas y/o zona de interés. Si lo están, el proyecto probablemente encontrará su tumba; si no, puede que tenga una vida útil.
Ese bosquejo ya está en manos del segundo piso de La Moneda y califica las zonas en rojo, amarillo y verde, dependiendo de la viabilidad de cada proyecto, conforme los factores mencionados.
Según fuentes gubernamentales, el terreno sobre el cual está proyectada la central Castilla está con luz amarilla. Es decir, no está vetado, pero tampoco permitido. La lucha se viene dura y la encabeza una familia que está instalada en el sector desde hace más de 40 años. Todos buceadores –igual que el presidente– y andinistas, los Domínguez están armando una estrategia comunicacional, legal y científica. Con todos estos argumentos, buscan poner en jaque al proyecto termoeléctrico más grande de Latinoamérica y que pertenece al octavo hombre más rico del mundo: el brasilero Eike Batista, dueño de la empresa MPX, a su vez dueña de la central Castilla.
La familia que desafía la puesta en marcha del proyecto térmico más grande en Latinoamérica. Gonzalo Domínguez junto a sus hijos Rodrigo, Antonio y Elisita Esta familia no está sola. Junto a ella marchan más de 20 organizaciones locales y el estudio jurídico del ex ministro Carlos Figueroa Guzmán. El objetivo: detener la puesta en marcha de la central, cuya inversión supera los 5 mil millones de dólares.
No se definen como ecologistas, sino como amantes de la naturaleza. No están por buscar “excepciones”, dicen, sino por respetar lugares vírgenes. No apoyan las tramitaciones entre gallos y medianoche, sino las que cumplen con todos los pasos legales. ¿Y en qué van esos pasos? Eso está por verse.
La familia
Llegaron al Valle Salado el año 66, después de recorrer la costa del norte varias veces. Buscaban un lugar para bucear. Una zona virgen, sin rocas y con poco oleaje. Así se instalaron en este “paraíso natural”, como ellos lo definen. Razones tienen. Y de sobra. Dicen que en Chile hay hay alrededor de 450 especies de aves, de las cuales Bahía Salado aporta 150. También mencionan varias especies marinas, como 3 o 4 ejemplares del calderón de aleta corta, una pequeña ballena que es típica del hemisferio norte; el famoso pelegrino, un tiburón gigantesco y supuestamente inofensivo, y la colonia de tortugas marinas más austral del mundo.
Quienes encabezan esta cruzada son Gonzalo Domínguez, sus cinco hijos y varios de sus 22 nietos. Todos atacan desde distintos frentes. Elisita y Paula asumieron el rol de voceras; Antonio (ingeniero comercial) y Rodrigo (arquitecto) son los que articulan la estrategia junto a los abogados, recopilan antecedentes y se encargan de dar a conocer los atributos del lugar.
Se han reunido con el embajador de Brasil, le enviaron una carta al presidente Piñera y se han preocupado de dar a conocer el proyecto a las caletas y pobladores del sector. Y si de redes sociales se trata, crearon una página web con más de 22 mil visitas y tienen twitter y facebook en los que constantemente suben fotos, videos y los últimos pormenores de lo que está ocurriendo, como la marcha de protesta que se realizó simultáneamente en La Serena y Copiapó.
Dicen estar conscientes de la necesidad energética del país, “pero el punto es que las cosas se hagan bien. Estamos destruyendo sectores de riqueza natural chilena irrecuperables. Por eso nuestro grito”, argumenta Rodrigo.
En los ojos de Domínguez
Compleja e incluso “poco transparente” ha sido la historia del proyecto, según la versión de esta familia. Cuentan que en 2008 el concejo de Copiapó cambió el plano regulador y la zona donde se pretende instalar la central pasó a tener uso industrial. Así, la termoeléctrica Castilla tuvo luz verde y a poco andar se presentó el estudio de impacto ambiental. Durante la tramitación, los Domínguez decidieron tomar contacto con MPX y le hicieron llegar varias observaciones, junto con un listado de mitigaciones ambientales que ellos consideraron claves. Por ejemplo, que el depósito de cenizas de la central estuviera más alejado y protegido de lo que aparece en el proyecto actual, para evitar que el viento lleve las cenizas a la comunidad de Totoral, un pueblo colonial del siglo XVII y cuya fuente de ingresos es la plantación de olivos. Hasta ahí, los contactos entre esta familia y Batista.
Pasó el 2009, y en enero de este año Castilla sufrió un vuelco. La seremi de Salud, Paulina Merino, calificó al proyecto como “industria contaminante”. Con esta determinación, la construcción se quedaba sin uso de suelo y, por lo tanto, si la Conama lo llevaba a votación, era altamente probable que fuese rechazada. La votación se postergó hasta julio pasado.
También por esos días, revelan los Domínguez, el lobby brasilero se habría desplegado con todo. Aterrizó en Chile el canciller de Brasil, Celso Amorim, quien no sólo se entrevistó con varias autoridades del gobierno –el ministro de RREE Mariano Fernández, la ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, y el director de la Conama,AlvaroSapag–,sinotambiéncon el entonces candidato y más probable ganador de la presidencial, Sebastián Piñera. La finalidad de la visita, asegura la familia Domínguez, era comprometer a las autoridades para que no rechazaran el proyecto termoeléctrico.
Al mismo tiempo, MPX adoptó otra estrategia: cambió a sus asesores legales y contrató a Bofill Mir & Alvarez Jana Abogados, oficina donde hasta hace poco ejercía –y era socio– el actual ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Pasaron los meses y en junio de este año otra determinación de la autoridad alertó a los Domínguez: el nuevo seremi de Salud, Raúl Martínez, cambió la calificación de “industria contaminante” a “molesta”, la que –explican–, hace compatible el proyecto con el uso de suelo del lugar. Se indignaron. “La señora Merino se demoró 6 meses en determinar que era contaminante. Y luego vino el cambio del señor Martínez y no sabemos en qué antecedentes se basó para sentenciar que no era contaminante. No quiero pensar ni bien ni mal. Lo que sí se puede decir es que hubo un cambio en un tiempo muy corto y fue poco transparente. La ex seremi Merino ha dicho que encuentra arbitrario este cambio, porque no está sujeto a ningún estudio”, asegura Rodrigo.
En este escenario y dispuesto a llegar hasta las últimas, los Domínguez interpusieron un recurso de protección en la corte de Apelaciones de Copiapó el 27 de julio, dos días antes de que la Conama tuviera que votar el proyecto.
Punto a favor para los Domínguez: el recurso fue acogido y se decretó una orden de no innovar. Recientemente, después del período de alegatos, la corte decretó ilegal el cambio de calificación que efectuó el renunciado Seremi de Salud, Raúl Martínez. Es decir, vuelve a declararse contaminante. Probablemente el caso escalará a la corte Suprema. Esta batalla sube de tono y tiene para largo. Tome palco.
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