En dos semanas se reanudaría en tribunales proceso contra calificación de central termoeléctrica Castilla

Recurso de protección contra Seremi de Salud:


La Corte de Apelaciones está a la espera de recibir nuevos informes de parte de servicios públicos involucrados.

Jéssica Esturillo O.
En dos semanas se reactivaría en la Corte de Apelaciones de Copiapó el proceso legal en torno al proyecto termoeléctrico Castilla, cuyo futuro, tras la cancelación de Barrancones, en la Región de Coquimbo, concentra la atención de diversos sectores.
Patricio Escobar, abogado que representa a la familia Domínguez, propietaria de terrenos al interior de la hacienda Castilla, donde se proyecta el complejo eléctrico ligado al magnate brasileño Eike Batista, explicó que el tribunal está a la espera de que la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la Tercera Región le entregue el último de una serie de informes que solicitó a diversos organismos públicos antes de iniciar la vista de la causa y escuchar los alegatos de las partes.
La acción judicial fue presentada, a nombre de los Domínguez, contra la Seremi de Salud de Atacama, para impugnar la decisión de su titular, Raúl Martínez -recientemente renunciado-, que a principios de julio cambió la calificación del proyecto Castilla de "molesto" a "contaminante", lo que permitió destrabar la tramitación ambiental de esta inversión. Este servicio es representado por el Consejo de Defensa del Estado.
El tribunal pidió informes a la intendenta Ximena Matas, como presidenta de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema), y también a la dirección regional de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). Éstos fueron enviados y se detallan sus participaciones en la evaluación.
Luego, Raúl Martínez entregó su informe, y a los pocos días, luego del anuncio del Presidente Piñera de la relocalización de Barrancones, renunció. Finalmente, la Corte pidió información a la Seremi de Vivienda, porque cuando se tipifica un proyecto, ésta debe establecer que la condición se relaciona con el uso de suelo.
Son cinco las partes involucradas en este proceso. El 14 de agosto, MPX Energía, la firma de Batista a cargo de Castilla, se involucró representada por los estudios Claro y Compañía y Bofill Mir & Álvarez Hinzpeter Jana, entre otros. Su objetivo: aportar argumentos legales que validan la opinión del seremi de Salud.
También se sumaron la comunidad aledaña de Totoral y los pescadores de Chasco.
Restan dos días para que se cumplan las 180 jornadas reglamentarias para el trámite ambiental, que permanece suspendido por una orden de no innovar que dictó el tribunal.
Playas vírgenes
El arquitecto Gonzalo Domínguez se opone a la construcción de Castilla, y su argumento central es que "Bahía Salado, donde se quiere instalar esta central, es la única bahía del norte de Chile que permanece virgen, a diferencia de otras como Ventanas, Caldera, Coquimbo, Huasco y Mejillones, donde no sólo hay intervención productiva, sino que alta contaminación".
La condición de la zona, agrega, supone un valor natural que debe ser preservado. Dice, además, no estar de acuerdo con la forma "solapada" con que MPX Energía ha tramitado este proyecto, que es de gran magnitud y que "atropellará" a toda la Región de Atacama, asegura.
Domínguez reconoce haber enviado una carta a Piñera pidiéndole que intervenga para que Castilla no se concrete, aunque espera que, a diferencia de Barrancones, "el Mandatario no se precipite", sino que observe las causales y los procesos concretos que permitan impedir la construcción de este complejo termoeléctrico a base de carbón.
La central de US$ 4.400 millones de inversión en la Tercera Región
Ubicada en la zona de Punta Cachos, al interior de la Hacienda Castilla, distante 80 kilómetros al suroeste de Copiapó, la central termoeléctrica Castilla, considera la instalación de seis turbinas a carbón y dos unidades a diésel. Estas totalizan una capacidad instalada de 2.350 Megawatts (MW), que supera todo lo que está instalado en base a este combustible a nivel nacional (2.135 MW).
Se intervendrán 612 hectáreas, de 240 mil que componen el terreno mencionado, lo que no incluye la habilitación del puerto para la descarga de los combustibles ni tampoco la planta desaladora modular que procesará el agua de mar que usan algunas operaciones del complejo.