La megacentral proyectada en la costa al sur de Copiapó está a casi un mes de pasar a su etapa final de aprobación ambiental. La termoeléctrica del brasileño Eike Batista, el segundo hombre más rico de América Latina, se ha movido rápido y ha contado con gestiones a favor del canciller brasileño. por F. Artaza y N. Castillo - 05/09/2010 - 13:35
Mientras en el centro de Santiago unas dos mil personas protestaban el martes 24 de agosto contra la central térmica Barrancones, Cristián Piñera Aninat (33) llegó a la casa de su tío Sebastián para entregarle una carta del arquitecto Gonzalo Domínguez, en la que le pedía al Mandatario detener otro proyecto termoeléctrico. Se trata del complejo Castilla, en la III Región, el más grande de Chile y que está próximo a su aprobación medioambiental. "Como adherentes a su gobierno queremos pedirle respetuosamente que no sólo se pronuncie públicamente sobre este tema, sino que instruya que se respeten sus propias palabras", dice en uno de los párrafos la carta firmada por Domínguez, a nombre del Comité Atacama sin Carbón. El octogenario arquitecto también le recordaba al Jefe de Estado el compromiso que había asumido en la campaña presidencial, cuando en una entrevista dijo que "voy a ser muy riguroso, muy exigente con proyectos termoeléctricos contaminantes (...). Me voy a oponer a todas las plantas termoeléctricas que atenten gravemente contra la naturaleza, las comunidades y la calidad de vida". Era la misma entrevista en que el Presidente se comprometió a rechazar el proyecto Barrancones y cuyas "cuñas" le fueron recordadas apenas la Corema de la IV Región aprobó la semana pasada la termoeléctrica que se emplazaría a 20 kilómetros de Punta de Choros. La protesta más el que se apuntara a su credibilidad cuando el caso de los mineros lo tiene en un excelente momento de aprobación llevaron a Piñera a intervenir pidiéndole a la empresa Suez Energy la relocalización de la termoeléctrica. Cuando el Mandatario hizo el anuncio el jueves pasado, las miradas se trasladaron inmediatamente a Castilla, el complejo de seis termoeléctricas a carbón y dos a diésel que el multimillonario brasileño Eike Batista pretende instalar en Punta Cachos, a 80 kilómetros al suroeste de Copiapó. Tras la "bajada" de Barrancones, en el gabinete hubo una división entre quienes profesaban que la intervención de Piñera alentaría las protestas ciudadanas contra otras termoeléctricas y quienes sostenían que esto le daba carta blanca para aprobar los otros proyectos en carpeta. Los grupos de interés han actuado en consecuencia, mientras los ambientalistas organizaron una protesta contra Castilla la mañana del miércoles, los empresarios se quejaron por la decisión presidencial. El jueves, la cúpula de la CPC recibió un gesto del Presidente al ser invitada a almorzar a La Moneda. Por otro lado, los centros de pensamiento ligados a la Alianza también han presionado. "Lo que nos preocupa es que si el gobierno no da pronto una señal clara y potente en favor del desarrollo energético, vamos a tener una creciente presión en contra de las centrales termo e hidroeléctricas. Esa señal debe ser lo antes posible, por lo que si alguno de estos proyectos está próximo a una instancia de aprobación, debiera ser aprobada", dice Luis Larraín, director de LyD a La Tercera. El Presidente, por su parte, ha señalado pública y privadamente que lo que hizo con Barrancones es "una excepción". De las seis termoeléctricas en proceso de evaluación ambiental, Castilla es la más próxima a ser votada por la Corema. MEGAPROYECTO La central Castilla comenzó su proceso de instalación en diciembre de 2008, cuando presentaron el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Estuvo muy cerca de ser aprobada en julio de este año, pero una acción judicial presentada dos días antes de que venciera el plazo para que la Corema de la III Región se reuniera a discutir los informes técnicos que respaldaban el proyecto paralizó la tramitación ambiental. El estudio jurídico del ex ministro Carlos Figueroa, en representación de la familia Domínguez y del grupo Atacama sin Carbón, interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó. Esta dictó orden de no innovar mientras estudia el caso. Los abogados cuestionan una supuesta ilegalidad cometida por el hoy renunciado seremi de Salud Raúl Martínez, quien modificó en favor de Castilla una resolución dictada el 19 de enero por la anterior autoridad sanitaria María Merino, y que declaraba "contaminante" a la empresa. La magnitud del proyecto ha estado siempre bajo la lupa. La inversión proyectada de US$ 4.400 millones es para producir 2.354 MW, lo que la convierte en la termoélectrica más grande del país. Según sus detractores, producirá unos 52 millones de toneladas anuales de gases responsables del calentamiento global, algo así como el 40% del total de las emisiones de Chile. El complejo contempla también la construcción de un puerto para la descarga de carbón y destina 120 hectáreas para el acopio de cenizas, lo que incluye parte de la Quebrada de Morel, un sitio de interés medioambiental por la fuerza con que se da allí el llamado "desierto florido". El gerente general de MPX Chile -propietaria de Castilla-, Pedro Litsek, dijo esta semana a La Tercera que "muchos de los grupos ambientalistas viven de mitos. Por ejemplo, dicen que vamos a matar a los guanacos o que va a desaparecer el desierto florido. Nada de eso es cierto". Como sea, la resolución sanitaria que dictó Merino impedía automáticamente la construcción de la central. Ella recuerda que "todos los días recibía llamados de distintos ministerios para que modificara mi resolución, los escuchaba y les decía hasta luego. Tomé una decisión ajustada a derecho y a la luz de las modelaciones que hicimos durante varios meses sobre el conjunto de emisiones que producirá el complejo y que afectarán el medioambiente y la salud de las personas". Con la negativa de Merino a cambiar su dictamen, la Conama paralizó el asunto por cinco meses, hasta que el nuevo seremi cambió la resolución de "contaminante" a "molesta". Eso permitió reactivar el proceso de tramitación, pero entonces los opositores recurrieron a la corte. Se espera que en las próximas dos semanas se escuchen los alegatos de las partes. Una vez emitido el dictamen, el perjudicado con la resolución irá hasta la Suprema. El cálculo es que en los primeros días de octubre el máximo tribunal resuelva. De permitir que el proyecto siga adelante, en dos días la Corema estaría en condiciones de discutir su aprobación. ESTILO BATISTA Una termoeléctrica no era el plan original que Eike Fuhrken Batista quiso darle a la Hacienda Castilla cuando la adquirió en los años 90. El magnate brasileño de 54 años, dueño de una fortuna de US$ 27.000 millones, pensó primero en desarrollar un complejo turístico. El grupo empresarial inició incluso el proceso de aprobación ambiental. Fue recién el 2008 que cambió de planes ante la creciente demanda energética de la minería del Norte Chico. Saber aprovechar las oportunidades y su audacia para las inversiones son algunas de las características que llevaron a Batista a convertirse en dos décadas en el segundo hombre más rico de Latinoamérica, según el ranking de Forbes. A través del grupo EBX, este ingeniero metalúrgico controla inversiones en minería (MMX), transportes e infraestructura (LLX), hidrocarburos (OGX), inmobiliarios (MBX) y generación de energía (MPX). Todas sus compañías llevan una X al final, él dice que es una cábala, pues es el símbolo de multiplicación. En marzo de 2008, poco antes de poner en marcha el proyecto Castilla, Batista compró dos yacimientos carboníferos en Colombia para abastecer las cuatro centrales térmicas que posee en Río Grande do Sul y en Porto do Acu. Las reservas de carbón son tan grandes, que con ellas alimentaría el megaproyecto en Chile. EL MENSAJE DE AMORIM En su primer año de tramitación, el proyecto de Batista pareció ir con el mismo ímpetu con que a él le gusta recorrer la costa brasileña en su lancha Spirit do Brazil, con la que rompió el récord de velocidad en la travesía Santos-Río de Janeiro. Las cerca de 450 observaciones que le hicieron los servicios técnicos al EIA no habían postergado en demasía los plazos que se había impuesto la empresa para iniciar las obras el 30 de agosto de 2010. Además, junto al EIA presentaron un acuerdo económico que firmaron con pescadores de la caleta Totoral y con comunidades vecinas a la Hacienda Castilla, en que éstas se comprometen a no entorpecer el desarrollo de la central. Como se firmó antes de conocerse el impacto ambiental de la termoeléctrica, los detractores critican que hayan pactado una compensación ecónomica -algo en regla con la ley medioambiental- antes de que se conociera el daño que podría producir. Por ello, el traspié de la decisión de enero los llevó a activar botones más importantes. La situación de Castilla fue uno de los tema que trató el canciller brasileño, Celso Amorim, cuando se reunió el 12 de febrero con el entonces canciller Mariano Fernández. "El me planteó la preocupación de Brasil de que el gobierno tuviera la decisión de parar la construcción de Castilla", cuenta Fernández. "Le di todas las garantías de que no nos opondríamos en forma previa a su aprobación. Que la empresa estaba sujeta a un sistema de impacto ambiental, que es un proceso institucional, y que en Chile se respetaba el estado de derecho", añade. Tras esa cita, Amorim también habló con el entonces presidente electo, Sebastián Piñera. R
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