Una férrea defensa sobre el cambio de calificación ambiental del proyecto de la central a carbón Castilla hizo el Seremi de Salud de Atacama, Raúl Martínez, en conversación telefónica con La Segunda. El 7 de julio cambió de “contaminante” a “molesta” la instalación del complejo —una inversión de US$4.400 millones liderada por MPX Energía del empresario brasilero Eike Batista—, que antes otorgó la ex seremi de Salud, Pilar Merino.
“El titular del proyecto, MPX Energía, el 7 de mayo solicitó un recurso extraordinario de revisión”, cuenta Martínez, medida contemplada en la ley de bases de administración del Estado. “Ellos consideraron que había errores en la calificación previa y por eso volvimos a revisar el expediente”, añade.
—¿Y qué encontraron?
—Trabajamos con los organismos técnicos que tiene la Seremi, un equipo de cuatro o cinco profesionales de destacada trayectoria y que han revisado otros proyectos. Además fijé una serie de reuniones con la empresa, las comunidades del sector, ambientalistas, la ex Seremi de Salud y parlamentarios. Con todos esos antecedentes, el equipo técnico reconoció que había un error significativo en el cálculo de dióxido de nitrógeno (NO2).
—¿En qué consistía ese error?
—En la medición anterior, hubo un error en la fórmula de cálculo que mide el percentil 99 del óxido nitroso permitido. Lo normal es poner los datos de menor a mayor, según las emisiones estimadas por día, pero en la medición anterior se colocaron los 2 valores más altos para cada día. Eso arrojó un 91% de emisiones, que si bien no supera la norma, está muy cerca del 100% y por eso se declaró contaminante. Al hacer nuevamente las mediciones, encontramos que el porcentaje se estima en 73%.
—Pero es un valor alto...
—Hay que tener en cuenta que el valor de emisión 73% es el punto de máxim impacto que tendrá la zona donde se emplaza la central. Ahí no hay comunidades viviendo, porque la definición del uso de suelo es industrial, y por eso se puede aprobar esa cifra que está dentro de la norma de emisiones chilena. Si uno va a los lugares donde hay habitantes, Caleta Pajonales o Bahía del Medio, por ejemplo, están entre 12 y 25 kilómetros los más cercanos, y ahí la concentración de emisiones de NO2 se mueve entre 10% y 28%.
—¿Por qué, entonces, parlamentarios están acusando posibles irregularidades en este proceso?
—Yo he hecho lo que me corresponde, correspondía recalificar la calificación ambiental de contaminante y dejarlo en molesto, al descubrir estos errores en los modelos matemáticos. Todo esto tiene fundamento y es absolumante legal, y las autoridades deben actuar según lo que dice la ley. Lo importante en el caso del Seremi de Salud, es señalar qué nivel de contaminación produce un proyecto, porque toda actividad humana contamina. Lo que nosotros evaluamos es si produce un daño permanente al medioambiente y las personas, y si cumple con las normas de emisión. Si un proyecto está dentro de los valores que la ley permite, hay que calificarlo como tal.
—Se anunció la petición de una comisión investigadora en este caso. ¿Estaría dispuesto a declarar?
—Le pediría a los parlamentarios que actúen con la prudencia que requiere su investidura. No tengo ningún inconveniente a dar toda la información donde se me pida. De hecho, el viernes pasado conversé una hora con la senadora Isabel Allende, quien me pidió datos sobre este tema.
He ido más allá de lo que obliga la ley de Transparencia y subimos a la web todo: desde la petición de la empresa hasta nuestro informe final.
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