Permiso ambiental de Puerto Castilla llega a tribunales

26 de Enero de 2011.- Un nuevo flanco judicial surgió para el empresario brasileño Eike Batista en Chile.

A las acciones legales que en 2010 enfrentó su proyecto termoeléctrico Castilla, ahora se sumó un recurso de protección contra el permiso ambiental del puerto del mismo nombre. Al igual que la mencionada central, el terminal estará emplazado en la Región de Atacama.

La acción legal, interpuesta el viernes pasado por dirigentes de pescadores, está dirigida a la autoridad ambiental y busca anular la autorización ambiental del terminal. Esta última, fue emitida a fines de diciembre por la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) local.

La queja radica en que esta instancia desapareció a partir del 1 de octubre de 2010, cuando entró en vigencia la nueva institucionalidad ambiental que sustituyó a las Coremas por la Comisión Evaluadora Ambiental.

Se trata de la primera inversión, de unas 40 -que suman más de US$ 1.500 millones- autorizadas por la desaparecida entidad, que llega a tribunales por esta razón.

Conocedores del tema indicaron que OMX, la filial de Batista que desarrollará el terminal, se haría parte del recurso de protección. Estiman que en base a la interpretación de la Contraloría, que habla de la buena fe con que actuaron las desaparecidas Coremas al aprobar los proyectos, se puede defender el permiso de Puerto Castilla.

Este terminal recibirá el carbón que la Central Castilla (2.345 MW) usará como combustible. Este servicio, según cálculos de mercado, aportaría un tercio de los ingresos del puerto.

US$ 300 millones es el costo del puerto que prestará servicios a la Central Castilla (Emol).

Portal Minero

Permiso ambiental de Puerto Castilla llega a tribunales

Prestará servicios a termoeléctrica de Batista:


Es la primera judicialización de un proyecto que fue aprobado por las extintas Coremas. 

Jéssica Esturillo O.

Un nuevo flanco judicial surgió para el empresario brasileño Eike Batista en Chile.
A las acciones legales que en 2010 enfrentó su proyecto termoeléctrico Castilla, ahora se sumó un recurso de protección contra el permiso ambiental del puerto del mismo nombre. Al igual que la mencionada central, el terminal estará emplazado en la Región de Atacama.
La acción legal, interpuesta el viernes pasado por dirigentes de pescadores, está dirigida a la autoridad ambiental y busca anular la autorización ambiental del terminal. Esta última, fue emitida a fines de diciembre por la Comisión Regional de Medioambiente (Corema) local.
La queja radica en que esta instancia desapareció a partir del 1 de octubre de 2010, cuando entró en vigencia la nueva institucionalidad ambiental que sustituyó a las Coremas por la Comisión Evaluadora Ambiental.
Se trata de la primera inversión, de unas 40 -que suman más de US$ 1.500 millones- autorizadas por la desaparecida entidad, que llega a tribunales por esta razón.
Conocedores del tema indicaron que OMX, la filial de Batista que desarrollará el terminal, se haría parte del recurso de protección. Estiman que en base a la interpretación de la Contraloría, que habla de la buena fe con que actuaron las desaparecidas Coremas al aprobar los proyectos, se puede defender el permiso de Puerto Castilla.
Este terminal recibirá el carbón que la Central Castilla (2.345 MW) usará como combustible. Este servicio, según cálculos de mercado, aportaría un tercio de los ingresos del puerto.
US$ 300 millones es el costo del puerto que prestará servicios a la Central Castilla.

Nueva normativa ambiental de Piñera despierta críticas de ecologistas

Como insuficiente fue catalogado por diversos ambientalistas el proyecto de ley firmado en Ventanas este martes 18 de enero por Sebastián Piñera. La normativa regula la emisión de gases de termoeléctricas y entrará en vigencia desde el año 2012. Aunque la ley marca un avance en materia ambiental, también contiene vacíos, según el juicio de algunos expertos en el tema.
La nueva legislación establece que la emisión de 30 microgramos por metro cúbico para las centrales nuevas y 50 para las existentes. Manuel Baquedano, director del Instituto de Ecología Política (IEP) y copresidente de la Federación de Partidos Verdes de las Américas, señala que el problema de lo que vio reflejado en el documento presentado por el Gobierno es que las normativas tienen cuatro años para ser cumplidas y cuatro años para ser revisadas. En la práctica, eso significa que cada central termoeléctrica tendrá ocho años funcionando antes de ser regulada.
El argumento esgrimido por el Ejecutivo es que con la aprobación de la normativa, Chile se ajusta a los parámetros de la Unión Europea. Sin embargo, Manuel Baquedano explica que ello es una tergiversación, ya que la norma europea contiene muchos detalles que no han sido abordados acá.
Otro de los puntos que no es bien visto por los ambientalistas es el posible conflicto de intereses que pudo haber existido tras la modificación de la ley. Inicialmente, el anteproyecto hecho durante el gobierno de Michelle Bachelet, era bastante más severo en el control de emisiones de gases.
Casi todo el staff cercano al Presidente en temas ambientales estuvo vinculado con empresas termoeléctricas en el pasado, por lo cual son señalados de tener conflictos de interés. De hecho, la misma ministra de Medioambiente, María Ignacia Benítez, trabajó para la consultora GAC (que se encargó del estudio ambiental para el proyecto termoeléctrico Barrancones).
El presidente del Partido Ecologista de Chile, Alejandro San Martín, también manifiesta sus dudas ante el ablandamiento de la ley, existiendo tantos cercanos a las termoeléctricas en el Gobierno. Recalcó además, en la misma línea de Manuel Baquedano (en la foto), que la ley no es igual a la normativa europea pues se vuelve flexible con la emisión de metales pesados, como es el caso del Níquel.
Además, el Dióxido de azufre se sube a 400 mg/Nm3 y el Óxido de nitrógeno sube a 500 mg/Nm3, respecto a la versión inicial del proyecto. Por lo tanto va a haber una mayor emisión de gases peligrosos para las personas respecto a la idea inicial redactada en la administración Bachelet.
Sin embargo, no todas las reacciones fueron adversas ante la firma de la nueva norma. Por ejemplo, el alcalde de Quillota, Luis Mella, quedó muy satisfecho con la medida e indicó que “es una gran noticia para el país, especialmente por la protección de la salud de las personas”. Recordemos que Quillota está viviendo una de las situaciones más graves del país con las centrales San Isidro y Nehuenco en sus cercanías.
Otro alcalde que se mostró satisfecho con la norma, fue el mandatario de Puchuncaví, Agustín Valencia, quien está más tranquilo pues en la zona se obligará al menos a diez industrias contaminantes a mejorar sus emisiones. Esto siempre y cuando las empresas cumplan con las regulaciones.
El alcalde Valencia recordó también que el crédito no es solamente de este Gobierno pues, el trabajo es anterior en su formulación. “Le reconozco al Presidente que haya dado un paso importante en esto, pero creo que este es un trabajo que ha venido permanente en el tiempo”.
En resumen, según los ambientalistas, el balance no es positivo para la normativa que se ha presentado y las termoeléctricas en Chile no sólo quedan aprobadas, sino que tendrán un margen mucho más blando que lo que en realidad se permite en Europa, como señaló Sebastián Piñera cuando le puso la firma y la dio a conocer.

Por Gustavo Peralta Vargas
Fuente: El Ciudadano

NO MAS CARBON EN CHILE

NO A LA TERMOELÉCTRICA CASTILLA EN ATACAMA

PRESIDENTE PIÑERA, CUMPLA SU PROMESA DE CAMPAÑA!!!!! CASTILLA ES CONTAMINANTE

Bahía Inglesa dice No a la Termoeléctrica Castilla

 Local 24-01-2011
El sábado 22 y domingo 23 se realizó un acto de difusión en oposición a la iniciativa de parte de la empresa MPX Energía de instalar una central termoeléctrica en la comunidad agrícola Totoral. Por Organizaciones Sociales de Bahía Inglesa



 Escrito por Corresponsales El QueHayDeCierto


El sábado 22 y domingo 23 de enero de 2011, se realizó un acto de difusión en oposición a la iniciativa de parte de la empresa MPX Energía de, propiedad del ciudadano brasilero Eike Batista, de instalar una central termoeléctrica de 2.600 mega wats en un sector históricamente reconocido hoy en día como comunidad agrícola Totoral, cuyos orígenes se remontan al año 1634 como lo ha establecido el Ministerio de Bienes Nacionales.

Razones para rechazar el proyecto:

1.    El proyecto en cuestión fue presentado en forma desintegrada o separada, omitiendo en el informe de impacto ambiental la instalación del puerto en que llegará el carbón para su funcionamiento. Lo que es una forma de engañar a la ciudadanía y a las autoridades sobre el verdadero impacto de la termoeléctrica.

2.    El proyecto va en contra de la garantía constitucional de la ley del medio ambiente 19.300 que garantiza a todos los ciudadanos chilenos el vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

3.    La instalación de la termoeléctrica Castilla afectará a toda a la comunidad de Totoral.

4.    El proyecto debe ser rechazado por la COREMA de Atacama porque presenta graves riesgos para la salud de la población, debido a la cantidad de gases tóxicos que emitirá a la atmósfera (con efecto invernadero), al mar (elevando la temperatura del agua) y al suelo (con un depósito de cenizas de 125 hectáreas).

5.    El proyecto afectará la diversidad biológica presente en el área.

6.    El proyecto debe ser rechazado si consideramos que recientemente la Corte Suprema de nuestro país ratificó el informe presentado por la ex SEREMI de Salud, Dra. Pilar Merino, emitido el año 2009, en donde se aduce que el proyecto de la central termoeléctrica en la zona de Bahía Salada es altamente contaminante, en detrimento de la posición adoptada por el ex SEREMI de Salud del actual gobierno, Dr. Raúl Martínez, quien a través de un nuevo informe emitido el año 2010 determinó que el proyecto Castilla solamente era “molesto”, lo cual lo llevó posteriormente a presentar su renuncia al cargo. Recientemente el cupo del Dr. Martínez, fue ocupado por el Dr. Nicolás Baeza quien en representación del gobierno pretende nuevamente insistir en que la termoeléctrica es de carácter “molesto” con el sólo propósito de que este informe se ajuste al Plan Regulador de Copiapó.

7.    Por otro lado los Consejeros Regionales junto con los gobernadores, y titulares regionales de Educación y Bienes Nacionales, en su mayoría opositores a la central termoeléctrica y quienes pese a ser minoría, estaban facultados para sufragar, en estos momentos dichos personeros no podrán ser parte de la calificación de ningún proceso ambiental, incluido Castilla, ello debido a que Contraloría dio luz verde para que la nueva Comisión Regional de Evaluación Ambiental pueda dirimir proyectos antiguos y polémicos como es el caso de la central termoeléctrica de Castilla.

Declaración emitida por:

- Comité Ambiental
- Junta de Vecinos Bahía Inglesa
- Mesa de Atacama en contra de la Termoeléctrica
- Comunidad de Totoral
- Junta de Adelanto y Defensa del Borde Costero de Atacama
- MDU
- Atacama Sin Carbón

Cores no podrá votar proyecto Castilla por nueva legislación

LEER ACA 
http://www.diarioatacama.cl/prontus4_nots/site/extra/pdp/pdp.html?sec=1&ts=20110122001511&fp=20110122&pag=3http://www.diarioatacama.cl/prontus4_nots/site/extra/pdp/pdp.html?sec=1&ts=20110122001511&fp=20110122&pag=3

DIARIO ATACAMA

OPOSITORES A CASTILLA SE ABREN A DIALOGAR PERO EXIGEN CAMBIAR PROYECTO

      
viernes, 21 de enero de 2011 06:49

Ambas partes están agendando reunión, tras anuncio de la empresa sobre revisar alcances del proyecto.
 El martes en la tarde, los abogados de los opositores al proyecto Termoeléctrica Castilla, Carlos Figueroa y Patricio Escobar, fueron contactados por los abogados de MPX en Chile, José María y Nicolás Eyzaguirre. Horas antes, la empresa había anunciado públicamente su disposición a acercar posiciones sobre los alcances y efectos ambientales y sociales de la iniciativa.

La llamada apuntaba a agendar una reunión para dialogar sobre la situación de la apuesta energética a carbón del brasileño Eike Batista en la Región de Atacama, que contempla una potencia estimada en 2.354 MW y una inversión de US$ 4.400 millones.

Según Escobar, "tenemos claro que frente al llamado de Castilla estamos dispuestos al diálogo, pero bajo la condición de que estén dispuestos a reformular su proyecto".

Y detalla que "podríamos establecer un diálogo si hay voluntad de plantear un proyecto más pequeño, que disminuya notablemente los impactos ambientales que actualmente generaría, que son enormes y que llevó a la autoridad sanitaria a calificar la termoeléctrica como contaminante".

La tramitación ambiental de Castilla está detenida mientras el seremi de Salud, Nicolás Baeza, decide si invalida o no la calificación ambiental de "contaminante" que el servicio atribuyó al proyecto anteriormente.

Este viernes, Baeza tomará vacaciones, por lo que no se espera un pronunciamiento antes de febrero.

Fuente La Tercera/Claudia Urquieta