La batalla por la termoeléctrica Castilla: los intereses comerciales detrás de la utilización de las energías tradicionales

Distintas organizaciones sociales de carácter ambientalista sostuvieron una reunión con el Primer Secretario de la Embajada de Brasil en Chile, Mauricio Da Costa Carvalho, con el fin de detener el apoyo del gobierno brasileño al proyecto termoeléctrico Castilla, de la empresa MPX Energía Chile, ligada al multimillonario Eike Batista.
El proyecto sería el más contaminante del continente, según Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, Olca. Además, agrega que habrían pruebas de que han existido fuertes acciones de lobby por parte de funcionarios del gobierno brasileño para que se apruebe el proyecto. Nada extraño si se tiene en cuenta que el gobierno brasileño, a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social, financia parte de los 4 mil millones de dólares que cuesta el emprendimiento, sostienen los ambientalistas.
“En febrero estuvo el ministro de RR.EE. brasileño, Celso Amorim, haciendo gestiones que fueron reconocidas por el ex ministro de RR.EE., Mariano Fernández, donde se habría tocado el complicado escenario en que estaba la aprobación del proyecto. Nos parece una injerencia indebida y entregamos una carta donde exigimos que por la gran cantidad de irregularidades de esta empresa y este proyecto en Chile, no se inmiscuya” afirmó Cuenca.
El caso de la termoeléctrica Castilla es solo una de las aristas de la ahora sumamente mediática problemática energética de nuestro país. A esta se suman otros proyectos, como la instalación de dos Centrales Hidroeléctricas en el sector de Alto Maipo, pensadas para aportar energía el Sistema Interconectado Central (SIC) de electricidad, para alimentar la minería del norte, o el proyecto de Punta Colorada, en la comuna de La Higuera, que pretende construir, a manos de Barrick Gold, una termoeléctrica para abastecer a la Minera Pascua Lama.
En materia de energía, los intereses políticos y económicos que se entretejen en las inversiones y políticas de desarrolla configuran de manera decisiva el rumbo que mantiene nuestro país.
CHILE Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES: MÁXIMO POTENCIAL Y MÍNIMO APROVECHAMIENTO
Chile es un país sumamente dependiente en materia energética. Hoy se importa el 72% de la energía que se consume en la forma de petróleo, gas y carbón en nuestro país. Pero también, es uno de los países con mayor potencial de utilización de energías renovables a nivel mundial, según la ONG Ecosistemas. La cantidad de recursos en energías lumínicas, eólicas, geotérmicas y oceánicas contrastan con el gran nivel de importaciones de recursos tradicionales en los que tiene que invertir el estado chileno. A esto, se suma la gran ineficiencia con que son generadas y tratadas las fuentes energéticas tradicionales.
“Nosotros tenemos la certeza absoluta de que este país tiene la capacidad de responder a las necesidades energéticas internacionales a través de la eficiencia energética, primero, que es la forma más rápida y barata porque no implica ningún cambio tecnológico, y, además, con el uso de energías renovables no convencionales. Chile ha usado la energía de manera groseramente ineficiente”, asegura Juan Pablo Orrego de la ONG Ecosistemas.
El sistema de energías chileno está constituido, principalmente, a partir de un esquema de mega centrales energéticas ubicadas a miles de kilómetros de los grandes poblados urbanos, conectadas a partir de gigantescas líneas de transmisión que pierden grandes cantidades de energía a consecuencia de la pérdida de potencia, debido al traspaso a un punto de menor temperatura, lo que se denomina efecto Joule.
Además, el uso de la energía domestica e industrial también es sumamente ineficiente. Se estima, por ejemplo, que si se implementara una campaña moderada de uso eficiente de la electricidad se ahorraría el equivalente a la producción anual que pretende lograr Hidroaysén.
EL BIEN COMÚN Y LOS INTERESES PRIVADOS
Este desaprovechamiento de las energías no es un hecho casual, ni mucho menos gratuito. Desde la implementación de la Código de Aguas de 1981, en plena dictadura, los recursos hidrográficos quedaron en disposición del libre mercado. En dicho código, se establece paradojalmente al agua como bien nacional de todos los chilenos a la vez que mercancía apta para ser transada como cualquier otra en las leyes del mercado; al parecer, la balanza se ha inclinado hacia esta última.
“Los privados, los dueños de las aguas en Chile, quieren usar el agua, quieren exterminar lo que queda de los ríos, estrujar hasta el último megawatts antes de ayudar a la utilización de energías renovables”, subraya el ecologista y ganador del Premio Novel Alternativo, Juan Pablo Orrego.
Además, los intereses económicos en juego no se reducen simplemente a la utilización de las aguas. El “sueldo de Chile”, la gran minería, genera demanda energética; más del 30% de la energía es consumida por la minería. A su vez, el principal cliente de los productos mineros es la industria bélica a escala mundial.
“Estados Unidos requiere al menos dos frentes bélicos simultáneos para dar abasto a su economía, economía que es tremendamente adicta a la guerra como el peor de los heroinómanos. Israel es totalmente independiente de su industria bélica y de seguridad. Europa lo mismo. Todos están metidos en el baile del negocio de la guerra”, asegura Orrego.
Por Sebastián Fierro
El Ciudadano

Termoeléctrica Castilla: Sucio Futuro

Conozca la antigua comunidad de Totoral, que se verá desaparecerá con Termoeléctrica Castilla LEA REPORTAJE

Termoeléctrica Castilla estaría afectando a SITIO PRIORITARIO QUEBRADA DEL MOREL lo cual es inaceptable

Pronunciamiento del Gobernador de Coquimbo sobre Barrancones letra f y g

Lean carta de la comunidad de Totoral a Lula

Santiago, miércoles ocho de septiembre de 2010.-

Excmo sr. Luiz Inácio da Silva

Presidente de la República Federativa de Brasil

Presente.-

De nuestra consideración:

En representación de la Comunidad Agrícola Totoral, de la Junta de Vecinos de Totoral, y de la Mesa Social contra la Termoeléctrica Castilla, instancia conformada por diversas organizaciones sociales, vecinales, sindicales, estudiantiles y ambientales de la Región de Atacama, venimos en denunciar ante usted, en su calidad de máxima autoridad política de la República Federativa de Brasil, los procedimientos poco transparentes que la empresa MPX Energía, de propiedad del empresario brasileño Eike Batista, está realizando en nuestro país, con el objeto de obtener la aprobación de su proyecto de construir en las costas de la Comuna de Copiapó, en el sector de Punta de Cachos, una Central Termoeléctrica que utilizará carbón pulverizado como combustible, y que se propone producir mas de 2.400 MW, lo que la transforma en la central más grande y más contaminante, no sólo de Chile, sino de todo el continente.

Recurrimos a usted, no por la nacionalidad del inversionista principal en el proyecto, sino por la actuación que respecto de este asunto ha tenido el Canciller de su Gobierno, don Celso Amorín, quien actuando a nombre del gobierno que usted preside, se ha transformado en uno de los principales “gestores” en pro de la aprobación del proyecto, y considerando además que, según ha informado la prensa, parte muy significativa del financiamiento necesario para la implementación de la Central Termoeléctrica, cuya inversión asciende a más de U$ 4.400 (cuatro mil cuatrocientos millones de dólares), será obtenido de prestamos que otorgará el Banco Nacional do Desenvolvimiento (BNDES).

Es importante que usted tenga presente que durante la tramitación de este proyecto, la empresa MPX Energía ha incurrido en una serie de prácticas poco transparentes, que no pueden ser aceptadas, ni avaladas por funcionarios u organismos de su gobierno.

Podemos citar como ejemplo de estas actuaciones poco transparentes, entre otros, los siguientes:

1.- El proyecto se presentó al proceso de evaluación de impacto ambiental, separando la construcción de la Termoeléctrica, de la construcción del mega puerto necesario para la descarga del carbón que utilizará como combustible, como si se tratara de iniciativas independientes, cuando en realidad ambas son partes imprescindibles para el funcionamiento de la Central.

De esta forma, MPX Energía, vulnerando el espíritu de la legislación ambiental chilena, intentó disimular los verdaderos niveles de contaminación y daño ambiental que provocará a los habitantes de la Región de Atacama, la construcción y puesta en marcha de la Central Termoeléctrica Castilla.

2.- En febrero pasado, cuando luego de dos años de tramitación, la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Atacama se disponía a votar la calificación ambiental del proyecto, y frente a la posibilidad cierta que éste fuese rechazado, MPX Energía, luego de presentar un conjunto de recursos administrativos para evitar la votación –los que fueron rechazados por improcedentes- interpuso un recurso administrativo ante el Director Ejecutivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), con el único objetivo de paralizar la tramitación del proyecto e impedir la votación del mismo, a la espera que la composición de la COREMA fuese modificada, considerando que la gran mayoría de sus integrantes son designados por el Presidente de la República, y nos encontrábamos ad portas de un cambio de gobierno.

Esta maniobra de MPX Energía fue tan burda, que una vez designadas las nuevas autoridades, y modificada la composición de la COREMA, se desistió del recurso presentado ante el Director Ejecutivo de la CONAMA.

3.- Hace pocas semanas, el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Atacama, don Raúl Martínez, resolvió modificar la calificación de “industria contaminante” de la Central Termoeléctrica Castilla, por la de “industria molesta”, señalando que la anterior calificación efectuada por su antecesora en el cargo, y consignada en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) actualmente vigente, era errónea, a pesar que esa determinación había sido efectuada por profesionales calificados luego de estudiar y evaluar los antecedentes por más de un año.

Es inevitable relacionar estos “cambios de opiniones” de las autoridades involucradas en el proceso de evaluación del proyecto, con el intenso lobby que MPX Energía ha efectuado con las autoridades políticas de la zona.

4.- Finalmente, MPX Energía, aprovechándose de la vulnerabilidad y pobreza de los habitantes de la zona, firmó acuerdos manifiestamente abusivos con los pescadores artesanales residentes en la zona en donde se pretende construir la Central, obligándolos a renunciar al ejercicio de sus derechos constitucionales (libertad de expresión, derecho a recurrir a los tribunales de justicia para defender sus derechos, entre otros) a cambio de entregarles algunos recursos económicos, siempre y cuando ellos y sus familias apoyen explícitamente la construcción de la Termoeléctrica, situación que es ética y moralmente inaceptable, y que no puede ser avalada por un gobierno como el suyo, que se ha caracterizado por un defensa irrestricta de los derechos de los ciudadanos.

Sobre la base de estos antecedentes, es que nuestras organizaciones, en representación de los habitantes de la Región de Atacama, le solicitamos que tome todas las medidas necesarias para evitar que funcionarios u organismos de su gobierno contribuyan, faciliten o avalen la implementación de un proyecto que será nefasto para el medio ambiente de la Región de Atacama, y que pondrá en serio peligro la salud y la subsistencia de quienes desde hace siglos vivimos y trabajamos en esa zona. En definitiva, que se abstenga de apoyar política y/o financieramente el proyecto privado Central termoeléctrica Castilla del empresario brasileño Eike Batista.

La protección del medio ambiente, en cuya defensa su gobierno ha tenido una muy destacada labor, constituye una cuestión fundamental para nuestros pueblos. Es inadmisible que se pretenda justificar daños irreparables al medio ambiente por un supuesto desarrollo económico, que en realidad no es otra cosa que la explotación irracional de los recursos naturales de nuestros países, en beneficio de empresas transnacionales que sólo buscan maximizar sus ganancias.

Sin otro particular, le saludan atentamente

Comunidad Agrícola Totoral

Junta Vecinos Totoral, comuna de Copiapó

Mesa social contra Termoeléctrica Castilla, Región de Atacama

Observatorio latinoamericano de Conflictos Ambientales

Lucro energético pondría en jaque la paz social

SANTIAGO.- La urgente necesidad de contar con una política nacional de generación de electricidad planteó Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Comité de Defensa de la Patagonia por “Una Patagonia sin represas”. De otra forma, asegura, la arremetida empresarial, y un eventual beneplácito de los organismos gubernamentales, podría generar un fuerte descontento capaz de amanazar la estabilidad social del país.

Según él, “aunque parezca una perogrullada, a los inversionistas de plantas hidroeléctricas o termoeléctricas no les interesa si el país realmente necesita la energía que ellos van a proveer y menos si esta energía se consume en forma eficiente. Al contrario: en la búsqueda del lucro son capaces de llenarnos de plantas que no necesitamos y estarán felices de que esa energía se derroche porque es la forma más rápida de recuperar la cuantiosa inversión que realizaron”.

Para él, la suspensión del proyecto Barrancones es apenas un intermedio en la larga lucha que las organizaciones ambientalistas deberán seguir dando para defender al territorio nacional de la depredación. Explica que “todos sabemos que existen proyectos para levantar algo así como diez nuevas plantas, entre termoeléctricas e hidroeléctricas, siendo las más conocidas, por su envergadura, Hidroaysén y Castilla”.

Patricio Rodrigo es tajante cuando dice: “Daniel Fernández, vicepresidente ejecutivo de Hidroaysén, hace publicidad engañosa cuando señala que oponerse a la construcción de esta mega represa en la Patagonia es oponerse al progreso y negarse a la energía que el país necesita. Un estudio realizado por la Universidad de Chile, a cargo de todo un experto en el tema, como Roberto Román, demuestra que si el país gastara la energía de la que hoy disponemos en forma eficiente tendríamos asegurado el suministro hasta el año 2025, y que si desarrolláramos las energías renovables obtendríamos una generación de electricidad superior a la que va a proveer Hidroaysén”.

Los inversionistas incurren en publicidad engañosa, según Rodrigo, “cuando afirman que sin el servicio que ellos prestarán la gente corre peligro de quedarse sin el uso de su computador, de su televisor o refrigerador. Eso es una falacia, entre otras cosas porque el consumo doméstico de energía de todo el país alcanza sólo al 17 por ciento. Los grandes consumidores de energía son la minería, con un 35 por ciento; la industria, con un 30 por ciento, y el resto corre por cuenta del consumo comercial, fundamentalmente de los “malls”. Está comprobado que, por ejemplo, el gasto de energía de un mall durante un día equivale al consumo de toda una región como la de Aysén en ese mismo período”.

Rodrigo cree que “esa política nacional de la que yo hablo tiene no sólo que fijar reglas claras que impidan la discrecionalidad que pudimos observar de parte del Presidente Piñera con lo de Barrancones, sino poner el acento en el fomento de las energías renovables, como la solar, la eólica o las hídricas de pasada, en que se aproveche al caudal de un río para que, mediante una caída de agua, se logre el funcionamiento de una turbina que produzca 20 MW, suficientes para abastecer una ciudad o una región”.

Cuando se habla de los grandes costos que implica el desarrollo de dichas energías, Rodrigo responde que “eso no es efectivo. Se nos asusta señalando que una planta solar implica una inversión de entre 6 y 8 millones de dólares para abastecer a un número limitado de clientes, pero es falso. El costo es mucho menor. Por contraste, se evita informar que una hidroeléctrica tiene una vida útil de sólo 50 años, más o menos, porque los sedimentos que se forman en el lago artificial que se ha creado con el tiempo las vuelven inservibles. Es lo que está pasando con Rapel, que está muy cerca de colapsar, porque el nivel de sedimentación de su lago está llegando a niveles críticos”.

Por todas esas razones, Patricio Rodrigo cree que más que nunca se hace necesaria una política nacional energética. Para él, “la gente está tomando conciencia y ya no se deja engañar tan fácilmente con la prédica empresarial. Entiende ya que el señor Daniel Fernández vela por el interés de los inversionistas, pero no se preocupa para nada del alto impacto negativo que tendrá para la región de Aysén y su comunidad la construcción de la planta que allí se planea. Porque sólo por una baja del turismo a esa región se calcula una pérdida de aproximadamente cuatro mil empleos”.

Su última afirmación es tajante y digna de ser considerada: “La paz social no se va a poder mantener en el país en la medida que no haya pronto una política nacional de generación eléctrica clara y coherente, que vele por el cuidado de la naturaleza, el interés del país y de las mayorías por sobre el lucro de los inversionistas, de los grandes grupos económicos. Ya las protestas producidas en todo el país por Barrancones es toda una advertencia. La gente está entendiendo que no es casualidad el que Chile exhiba una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo. Y esto no es algo que digo yo, lo dijo el propio senador Francisco Chahuán, al que por ser de Renovación Nacional nadie podría acusar de encarnar una oposición ciega y fanática”.


Fuente: Blog verde

Concejal Christian Guzman y su opinión sobre Castilla. INFORMENSE

Barrancones: ¿Y las demás termoeléctricas? (Castilla está en sitio prioritario)

Insistimos en lo de SITIOS PRIORITARIOS. Aquí en el boletin GAL en la página 18 y 19 hacen referencia a lo destacado por el Ministerio de Bienes Nacionales al escoger Areas Protegidas, Sitios Prioritarios, Areas de Desarrollo Indígena, en las cuales no debieran instalarse estos proyectos:

Fuente: boletin GAL

Santiago, miércoles 8 de septiembre de 2010, por Romy Schmidt, Ex ministra de Bienes Nacionales, integrante de la Comisión Política del PPD, El Mostrador.- Sin duda que lo ocurrido con la calificación ambiental de la Central Termoeléctrica de Barrancones sorprende en muchos sentidos y nos deja varias interrogantes planteadas.
En primer lugar la ubicación de este proyecto amenazaba la estabilidad de un área marítima costera protegida: Punta de Choros, es decir, para generar la necesaria energía eléctrica debíamos escoger entre mantener la biodiversidad o eliminarla. Las autoridades locales que participan en la COREMA de la región de Coquimbo eligieron autorizar el proyecto del grupo transnacional GDF Suez, pero la ciudadanía tenía otras consideraciones y prioridades.
No fue necesario un partido político o una autoridad eclesiástica, sino que espontáneamente, a través de las redes sociales y con la activa participación de los grupos ecologistas, la gente se organizó y protestó, dio a conocer su opinión, no aceptó eliminar la biodiversidad, entendiendo además que nuestro país tenía otras opciones, tanto para generar energía de maneras menos contaminante, como para ubicar otros territorios que no amenacen la flora y fauna de lugares protegidos, donde puedan crearse y ejecutarse proyectos energéticos.
¿Haremos las modificaciones legales pertinentes para zonificar el país y eliminar definitivamente del mapa a territorios prioritarios para la biodiversidad para proyectos contaminantes, sean de generación energética o no, como ocurre con algunos proyectos mineros?
En segundo lugar, podríamos decir que otra cosa bastante inusual es que el Presidente Piñera, presionado por sus propias promesas electorales, “escuchó la voz del pueblo” e hizo personalmente gestiones para reubicar el proyecto de GDF Suez, pasando incluso sobre la institucionalidad existente, lo cual valoro, pero que deja en claro la urgencia de modificar las actuales normas mediombientales sea en materia de territorio que en las exigencias de emisiones más rigurosas, como lo había propuesto la ex Ministra Ana Lya Uriarte, y de utilizar nuevas tecnologías de punta que existen y que estos proyectos termoeléctricos a carbón o fósiles deben utilizar obligatoriamente para ser viables.
Lo ocurrido, que ciertamente crea incertidumbre institucional hacia el futuro, demuestra que surgen otros canales, más allá de los tradicionales, para relacionarse con las autoridades y para tomar decisiones de Estado.
Además, el Presidente Piñera mandató a la Ministra de Bienes Nacionales a ubicar un terreno fiscal donde desarrollar el mencionado proyecto de termoeléctrica, para lo cual la Ministra Parot construyó un mapa con territorios en los cuales no debieran instalarse centrales termoeléctricas a carbón.
Con el basto conocimiento sobre el territorio que dicha cartera tiene, escogieron cuatro variables:
1.- Áreas Protegidas, de las diversas categorías reconocidas en el SEIA.
2.- Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad.
3.-Instrumentos de Planificación existentes y
4. Áreas de Desarrollo Indígenas.
El resultado nos habla de la protección de sitios paradisíacos, como Pan de Azúcar en la región de Atacama; Fray Jorge, en la región de Coquimbo; Rapa Nui o El Yali, en la región de Valparaíso; las Torres del Paine, en la región de Magallanes y Antártica Chilena, entre muchos otros, en las que figuran Parques Nacionales, Reservas Naturales, Monumentos Naturales, Humedales, Áreas Marítimas Costeras.
Pero llevémoslo a cifras y entonces el mismo mapa no sólo nos arroja territorios, sino que nos dice que dentro de esta zonificación existen 11 proyectos de centrales termoeléctricas a carbón, con una inversión de US$ 15.351 millones, todos los cuales pudieran seguir la misma suerte de Barrancones.
Así las cosas, felicito la iniciativa del Ministerio de Bienes Nacionales, pues fue más allá de la norma y señaló que hay que ponerle límites y excluir de este tipo de proyectos a territorios prioritarios para responder a los compromisos internacionales sobre biodiversidad asumidos por nuestro país, a pesar que nuestra legislación, a través del SEIA, sí los permite. Pero esto nos deja a la vista varias interrogantes, tales como, ¿se aplicará de ahora en adelante el aforismo jurídico que indica “donde existe la misma razón debe existir la misma disposición”?; ¿seguirá el Presidente Piñera “escuchando la voz del pueblo” y pasando por sobre los procedimientos legalmente instaurados?; ¿haremos las modificaciones legales pertinentes para zonificar el país y eliminar definitivamente del mapa a territorios prioritarios para la biodiversidad para proyectos contaminantes, sean de generación energética o no, como ocurre con algunos proyectos mineros?; ¿serán los partidos políticos capaces de aunar su sensibilidad con la de la ciudadanía y defender una óptica sustentable que equilibre las necesidades energéticas con el crecimiento económico del país?; ¿qué pasará la próxima vez que la ciudadanía se manifieste y no sea oída?
En mi opinión, es necesario salir del caso a caso y abrir un debate de fondo sobre la estrategia de desarrollo económico sustentable a la cual corresponda una matriz energética que debe incorporar, como componentes esenciales, la eficiencia energética y el estímulo al desarrollo de las energías renovables no convencionales que por cierto deben superar el 8% de participación previsto hacia el 2014, por la opinión generalizada de los expertos. En fin, éstos son parte de los desafíos que el país tiene por delante y que marcarán la construcción de la historia de los próximos 100 años de la República.